Sep 09

Bachelet: hoy el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales en Venezuela

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet presentó, este lunes 09 de septiembre, una actualización del informe que realizó sobre la situación de Venezuela el pasado mes de julio.

En el nuevo documento, Bachelet mantiene su preocupación por el deterioro de la economía y lo inaccesible que se ha convertido para los venezolanos poder comprar alimentos.

De igual forma, resaltó  que la dolarización de la economía incrementa las desigualdades sociales y agregó que las fallas de los servicios públicos impactan en la población, en especial del estado Zulia.

Lea la “actualización” oral sobre la situación en Venezuela, elaborado por la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet:

Ginebra, 9 de septiembre de 2019
Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias;

Desde la presentación de mi informe a este Consejo el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. Es por ello, que mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe.

Se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de la Oficina en Caracas y el Gobierno ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos durante mi visita al país en junio.

Sobre la situación penitenciaria y de detenidos ha habido avances recientes. El 6 de septiembre un miembro de mi equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde (sexta visita a prisiones desde marzo).  Se está avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina.  Queda pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales.

El Gobierno también se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales, y mi Oficina ya ha remitido 7 casos prioritarios que esperamos se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de algunos detenidos. Además, el Gobierno está avanzando con respecto a su invitación al país a diez Procedimientos Especiales en los próximos dos años.

Por otro lado, la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.

Al día de hoy, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación.

En este contexto, el 8 de agosto pasado expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas.

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